La precariedad laboral constituye la principal forma de inserción económica de las mujeres en Bolivia
Más del 70 % de las mujeres en Bolivia trabaja en la informalidad y su acceso al empleo formal, formación y participación en espacios de decisión está limitado por la sobrecarga del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, según informa EFE Bolivia. Los datos provienen del estudio ‘Alli Cullqi: Derechos económicos de las mujeres en su diversidad en Bolivia’, elaborado por la Coordinadora de la Mujer, con el apoyo financiero de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y CARE Ecuador.
Precariedad laboral de mujeres en Bolivia
“Los hallazgos, analizados desde una epistemología feminista que parte de las experiencias situadas de las mujeres, confirman que las desigualdades no son accidentales sino estructurales, y que se expresan de manera diferenciada y agravada según la posición que cada mujer ocupa en las jerarquías de género, etnia, clase, identidad y territorio. Y la autonomía económica es inalcanzable bajo el actual modelo de organización social y económica”, indican en las conclusiones del informe.
"Las evidencias obtenidas indican que la informalidad y la precariedad laboral constituyen la principal forma de inserción económica de las mujeres en Bolivia, afectando de manera diferenciada a mujeres indígenas, rurales, jóvenes y a mujeres de las diversidades sexuales y de género. La persistente brecha salarial, el limitado acceso a la seguridad social y la baja productividad de los emprendimientos liderados por mujeres restringen significativamente su autonomía económica".En declaraciones a EFE, la directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, Tania Sánchez, asegura que en el país, en general, ocho de cada diez personas en edad de trabajar “están en el mercado informal” y afirmó que “de esas ocho personas, alrededor de seis son mujeres”.
En el análisis se especifica que “la división sexual del trabajo, asigna de manera sistemática a las mujeres la responsabilidad casi exclusiva del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Esta carga, cuantificada en casi el triple de horas que los varones, actúa como un dispositivo clave de exclusión económica, al restringir el tiempo disponible, condicionar las trayectorias laborales hacia la informalidad y los emprendimientos de subsistencia, y profundizar la pobreza a lo largo del ciclo de vida”.
La división sexual del trabajo, asigna de manera sistemática a las mujeres la responsabilidad casi exclusiva del trabajo doméstico.
Los datos revelan a su vez que, incluso con niveles educativos altos, las mujeres bolivianas han de encarar un techo de cristal reforzado por prejuicios que las confinan a la informalidad, a empleos precarios o al desempleo.
En total se entrevistó a 317 mujeres, entre heterosexuales y de la diversidad. Además, se realizaron siete grupos focales y tres entrevistas con expertas en derechos económicos y políticas públicas.
Mujeres diversas
En paralelo, el informe destaca que las mujeres indígenas, afrodescendientes, rurales, trans, con discapacidad, adultas mayores y/o lesbianas se enfrentan a numerosas exclusiones: "desde la discriminación lingüística y el racismo en instituciones públicas, hasta la violencia económica y la negación explícita de servicios financieros por su orientación sexual o identidad de género".
"Las barreras político-territoriales (como la lejanía, la burocracia inaccesible y la concentración de recursos en capitales) no son meramente logísticas, sino mecanismos de marginación que refuerzan la centralidad del poder. Para las mujeres diversas, especialmente las trans y lesbianas en áreas rurales, esta marginalización se combina con la violencia física y simbólica, configurando territorios hostiles donde el ejercicio de derechos económicos es prácticamente nulo".
Este documento refleja, por tanto, que determinados grupos de mujeres tienen múltiples barreras para emprender y para "acceder a políticas públicas que las ayuden a desarrollarse a ellas y sus familias", añade Sánchez en declaraciones a EFE.
Sueldos de las mujeres bolivianas
América Maceda, una de las investigadoras del estudio, explica a la Agencia EFE que otro aspecto relevante esgrimido de este estudio es que "más del 70 % de las mujeres, tanto emprendedoras como asalariadas, gana menos de 2.700 bolivianos", es decir, unos 327 euros, que en 2025 el salario mínimo nacional.
Teniendo en cuenta los datos del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), la investigación revela que las mujeres ganan en promedio entre 25 % y 30 % menos que los hombres, una brecha que en las áreas rurales puede superar el 40 % y afecta sobre todo a las indígenas y jóvenes.
Ofrece igualmente datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en el que se indica que solo tres de cada 10 mujeres cuentan con seguro de salud o aportes para la jubilación, mientras que en el sector informal, "la protección social es prácticamente inexistente".
Solo tres de cada 10 mujeres cuentan con seguro de salud.
Por otro lado, apunta que más del 60 % de las mujeres se concentran en sectores considerados de !baja productividad", como el comercio informal, la manufactura artesanal, agricultura familiar y servicios personales. Y gran parte de los emprendimientos que tiene al frente a una mujer son "pequeños, no cuentan con acceso a crédito formal y utilizan capital propio o crédito informal de alto interés".
La mujeres dedican en promedio 39 horas semanales a tareas de cuidado, frente a 14 horas de los hombres, reseña el análisis. Es más, el 70 % de las mujeres que no busca un empleo remunerado señala como motivo principal para esto la responsabilidad de cuidado de familiares dependientes.
Sánchez señaló que con la información obtenida en la investigación se puede plantear a las autoridades locales que serán elegidas en las elecciones regionales de marzo "qué políticas van a desarrollar para apoyar" a estos sectores.
También plantear al Gobierno nacional, que elabora un nuevo plan nacional de desarrollo, qué políticas se incluirán para apoyar a "estas personas que son las que mueven la economía del país", agregó.
Conclusiones del estudio
El análisis intercultural y descolonizador transparenta la existencia de un modelo económico hegemónico intrínsecamente excluyente. Pese a avances normativos, persisten profundas desigualdades estructurales que limitan el ejercicio efectivo de los derechos económicos de las mujeres en Bolivia. La ausencia de un sistema integral de cuidados, la debilidad institucional y la falta de políticas diferenciadas refuerzan la precariedad económica, especialmente en mujeres diversas.
La investigación propone la necesidad de políticas públicas integrales, diferenciadas y territorializadas que fortalezcan la autonomía económica de las mujeres, redistribuyan socialmente los cuidados y garanticen condiciones dignas de acceso a medios de vida sostenibles, incorporando la diversidad de identidades y experiencias como eje central de la intervención.
Entre las recomendaciones clave de este informe se proponen las siguientes actuaciones:
- Diseñar e implementar un Sistema Plurinacional de Cuidados, con financiamiento sostenible, enfoque territorial y corresponsabilidad social.
- Promover políticas de empleo y emprendimiento diferenciadas, que incorporen enfoques de género, interseccionalidad e interculturalidad.
- Facilitar el acceso a fuentes de financiamiento para emprendimientos y empresas, acorde a su crecimiento.
- Fortalecer programas de formación técnica, educación financiera y liderazgo económico, especialmente dirigidos a mujeres jóvenes, rurales, indígenas y diversas.
- Garantizar la aplicación efectiva de marcos normativos antidiscriminación, con mecanismos de denuncia accesibles y fiscalización laboral efectiva.
- Impulsar iniciativas de formalización progresiva de emprendimientos, con acompañamiento técnico y reducción de barreras administrativas.
- Fortalecer las redes comunitarias y economías solidarias como estrategias de sostenibilidad económica y cuidado colectivo.
- Incorporar información desagregada por identidad, territorio y ciclo de vida para mejorar el diseño, monitoreo y evaluación de políticas públicas.


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